La entidad destacó que la eliminación temporal del cobro anticipado en ruta reduce burocracia y costos financieros para pymes y proveedores, pero advirtió que persiste un pasivo fiscal significativo derivado de fondos inmovilizados cuya devolución, en muchos casos, resulta lenta o de difícil acceso.
En ese sentido, CAME puso el foco en la necesidad de una solución integral y reclamó que la reglamentación incluya mecanismos concretos para la compensación o devolución de créditos fiscales acumulados.
“El avance es parcial”, marcaron desde el sector empresario, al señalar que la suspensión del sistema en ruta es solo una parte del reclamo histórico vinculado al esquema tributario provincial.
La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 713, firmado el 30 de abril, y tendrá carácter excepcional y temporal. Ahora, el sector privado aguarda definiciones del Ministerio de Hacienda sobre cómo se abordará la situación de los saldos retenidos y la transparencia del proceso.
