Durante los primeros 11 meses de su gestión, el presidente Javier Milei implementó una profunda reestructuración en el sector público, con la eliminación de 34.829 puestos de trabajo, según un informe oficial publicado por la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación. Este ajuste significó un ahorro estimado de u$s3.820 millones, un 7% del total del personal en la Administración Pública Nacional (APN).
El informe detalla que la reducción de personal en el sector público se concentró principalmente en los contratos temporales y en las empresas estatales, lo que permitió al Gobierno ahorrar más de u$s3.800 millones. De esa cifra, el 90% corresponde a los contratos bajo la Ley 25.164 (Ley Marco), que regulaba el empleo temporal.
“El proceso de reestructuración comenzó en diciembre de 2023 y continuó hasta octubre de 2024. La APN redujo su personal en un 10%, mientras que en las empresas estatales la disminución alcanzó el 12,6%”, detalla el informe. En cuanto a los empleados de planta permanente y transitoria, la reducción fue más moderada, con una caída del 3,6%, mientras que los empleados contratados bajo la Ley Marco y los monotributistas (LOYS) experimentaron reducciones del 17,8% y 51,9%, respectivamente.
Estrategia de recortes y ahorros
El recorte de personal en el sector público fue uno de los pilares de la campaña de Milei, quien había prometido una drástica reducción de empleados para achicar el tamaño del Estado. Para implementar estos ajustes, el Gobierno optó por diversas medidas, como la apertura de retiros voluntarios, la no renovación de contratos, el cierre de empresas y dependencias públicas, y la reducción de ministerios.
La administración actual considera que los empleados que ingresaron con contratos durante el gobierno de Alberto Fernández representaban un gasto político y, por lo tanto, fueron objeto de recortes. El ahorro total de u$s3.820 millones incluye los siguientes componentes: u$s2.060 millones por la reducción de personal con contratos bajo la Ley Marco, u$s1.130 millones por los empleados de planta permanente y transitoria, y u$s630 millones por los monotributistas bajo el Decreto 1109/17.
Con información de Ámbito
