El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó un nuevo protocolo para establecer criterios técnicos mínimos en los análisis toxicológico-forenses de muestras biológicas utilizadas en investigaciones judiciales, con el objetivo de armonizar procedimientos entre los distintos laboratorios que realizan este tipo de pericias en el país.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 941/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que puso en vigencia el “Protocolo Nacional: Lineamientos y Directrices para el Análisis Toxicológico-Forense de Muestras Biológicas”.
El nuevo esquema fue desarrollado en el marco de la Red Federal de Laboratorios Antidrogas, creada en 2024, y contó con cooperación técnica vinculada al Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con Énfasis en Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas. En su elaboración también participaron expertos del programa implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
La decisión parte de un diagnóstico expresado por el propio Ministerio: actualmente existen diferencias entre los laboratorios forenses en infraestructura, equipamiento instrumental, metodologías analíticas, criterios de interpretación, requisitos documentales y sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad.
Según los fundamentos de la resolución, esa heterogeneidad puede producir variaciones en la calidad técnica de las pericias, dificultar la comparación de resultados obtenidos por distintos laboratorios y afectar la uniformidad de los criterios aplicados en investigaciones judiciales desarrolladas en diferentes jurisdicciones del país.
Estándares mínimos para las pericias
Frente a esas diferencias, el protocolo establece lineamientos y directrices técnicas mínimas para el análisis toxicológico-forense de muestras biológicas, manteniendo la autonomía técnica y organizativa de cada laboratorio. El objetivo establecido por la normativa es fortalecer la confiabilidad, trazabilidad y validez científica de los análisis, mediante la armonización de estándares utilizados durante el tratamiento de las muestras y la elaboración de los resultados periciales.
La medida se inscribe dentro de la Red Federal de Laboratorios Antidrogas, cuya finalidad es fomentar la cooperación entre sus integrantes y facilitar el intercambio de información, experiencias y conocimientos vinculados con investigaciones sobre tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Esa estructura se articula además con el Centro Regional creado en 2025 para identificar tendencias y patrones relacionados con el tráfico ilícito de drogas, con especial atención sobre drogas sintéticas, nuevas sustancias psicoactivas y el desvío de precursores químicos.
La cadena de custodia, uno de los puntos centrales
Uno de los aspectos contemplados expresamente por la resolución es la trazabilidad de las muestras biológicas utilizadas como evidencia y la preservación de la cadena de custodia. El Ministerio estableció que todas las etapas deberán desarrollarse mediante procedimientos documentados que permitan garantizar la identidad, integridad y conservación de las muestras, desde su recepción hasta su disposición final.
La normativa vincula esos procedimientos con la confiabilidad de las pericias, la seguridad jurídica y la adecuada gestión de la evidencia utilizada dentro de las investigaciones judiciales.
De esta manera, los lineamientos nacionales abarcan no solamente las técnicas utilizadas para detectar o determinar sustancias en una muestra biológica, sino también los procedimientos relacionados con su recepción, identificación, conservación, documentación y trazabilidad durante todo el proceso pericial.
Drogas sintéticas y nuevas sustancias
La elaboración del protocolo también se vincula con el trabajo que desarrolla el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, creado por la Resolución 1038/2025.
Entre sus objetivos se encuentra la identificación temprana de tendencias y patrones relacionados con el tráfico ilícito de drogas, especialmente drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, así como el desvío de sustancias químicas utilizadas para su producción.
El programa desarrollado con la ONUDD contempla además la generación e intercambio de información criminal estratégica, capacitación y asistencia técnica y mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional vinculados con el narcotráfico y otros delitos graves conexos.
La Resolución 941/2026 entró en vigencia este jueves, desde su publicación en el Boletín Oficial. La norma establece además que la implementación del protocolo no implica una erogación presupuestaria adicional.
