El personal docente y no docente de las universidades públicas nacionales realizará un nuevo paro de 72 horas desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. La medida reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%, en un escenario atravesado además por una intimación judicial al Gobierno nacional para que cumpla con la normativa.
La medida fue definida por las organizaciones gremiales universitarias y alcanzará a distintas casas de altos estudios del país. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), el paro se desarrollará en el marco del plan de lucha que mantienen los sindicatos del sector, mientras que también se prevén distintas actividades de visibilización durante la jornada.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, señaló que los gremios no recibieron hasta el momento una comunicación del Gobierno nacional para retomar el diálogo salarial y cuestionó la falta de avances en la aplicación de la ley.
Uno de los principales puntos del conflicto está relacionado con la actualización de los salarios docentes y no docentes. Los sindicatos reclaman una recomposición del 33,4%, porcentaje vinculado con la actualización contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario. La última propuesta salarial del Gobierno había contemplado un incremento del 3%, que fue rechazado por las organizaciones gremiales.
La intimación de la Justicia
El paro coincide con el vencimiento del plazo otorgado por la Justicia al Gobierno nacional para cumplir con una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado nacional a cumplir en cinco días con la cautelar vigente. La resolución establece la actualización de salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles, y contempla la posibilidad de aplicar multas por cada día de demora.
La medida cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y posteriormente recibió aval de la Cámara de Apelaciones. Según fuentes universitarias, la decisión quedó firme luego de que la Corte Suprema se expidiera sobre el caso en junio de este año.
Desde el Gobierno nacional, en tanto, se sostiene una posición diferente respecto del cumplimiento de la cautelar. El Ejecutivo afirma que ya presentó ante la Justicia documentación para acreditar que cumplió con lo dispuesto y anunció que apelará la resolución de Cormick.
Actividades en las universidades
Además del cese de actividades, distintas universidades y facultades prevén acciones destinadas a visibilizar el reclamo.
En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA se anunció una jornada abierta a la comunidad, de 9 a 19, con actividades vinculadas con asesoramiento a emprendedores, prevención de estafas, resolución de deudas, obligaciones fiscales y análisis de recibos de sueldo, entre otras propuestas.
También está previsto para este jueves un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina, acompañado por actividades participativas y una posible radio abierta.
En paralelo, distintas organizaciones gremiales mantienen sus propios cronogramas de medidas de fuerza y jornadas de visibilización en las universidades nacionales. En la UBA, por ejemplo, continúa un esquema de paros rotativos y actividades que se extiende durante septiembre y octubre.
La mirada hacia octubre
El nuevo paro se inscribe en un plan de lucha que tendrá otro momento central el próximo 15 de octubre, cuando está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria.
La movilización tendrá como ejes el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Las organizaciones del sector ya comenzaron a preparar distintas acciones de cara a esa jornada.
En este contexto, el paro de 72 horas constituye una nueva instancia del conflicto entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional, mientras continúa la disputa judicial por la aplicación de las actualizaciones salariales y de las becas contempladas en la normativa
