En una jornada considerada histórica, Uruguay se convirtió ayer en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia, tras la aprobación de la Ley de Muerte Digna en la Cámara de Senadores. La votación, que se realizó ayer miércoles luego de más de diez horas de debate, obtuvo el respaldo de legisladores del oficialista Frente Amplio y de algunos representantes de los partidos Colorado y Nacional.
La nueva normativa tiene como objetivo garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, permitiendo que las personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o sufrimientos intolerables, puedan solicitar la eutanasia.
Según el texto aprobado, podrán acceder a este derecho tanto los ciudadanos uruguayos —naturales o legales— como los extranjeros que acrediten residencia habitual en el país.
El Poder Ejecutivo contará ahora con un plazo máximo de 180 días para reglamentar la ley. Además, dentro de los 90 días posteriores a esa reglamentación deberá conformarse una Comisión Honoraria de Revisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública, que tendrá la función de supervisar los procedimientos realizados bajo este marco legal.
Esa comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Cada año deberá presentar un informe ante la cartera sanitaria y la Asamblea General sobre la aplicación de la ley.
Con esta decisión, Uruguay consolida su posición de vanguardia en materia de derechos civiles y abre un nuevo capítulo en el debate ético y social sobre el derecho a una muerte digna.
