El Senado uruguayo debate este miércoles el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, una iniciativa que cuenta con el respaldo mayoritario del Frente Amplio y que, de ser aprobada, convertirá a Uruguay en el primer país de América Latina en legalizar el procedimiento de “muerte digna”.
La propuesta ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados en agosto, tras una extensa sesión en la que legisladores de distintos partidos acompañaron el texto. En la cámara alta, el resultado se perfila favorable, dado que la izquierda tiene mayoría, aunque se prevé una votación dividida dentro de los partidos Nacional y Colorado, cuyos representantes expresaron posturas diversas.
Entre los casos más emblemáticos presentes en el debate figura el de Beatriz Gelós, una docente de 71 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace 19 años, quien sigue de cerca la sesión desde las gradas del Palacio Legislativo. Su historia fue citada en el tratamiento de la ley como un símbolo de la lucha por el derecho a decidir sobre una muerte digna.
El proyecto establece que podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, con plena capacidad psíquica, que padezcan enfermedades crónicas, incurables o irreversibles que deterioren gravemente su calidad de vida y les provoquen sufrimientos considerados “insoportables”.
El procedimiento contempla ocho etapas, entre ellas la solicitud voluntaria del paciente, la evaluación de dos médicos independientes, la ratificación de la voluntad y, finalmente, la aplicación de la asistencia médica para morir de manera “indolora, apacible y respetuosa de la dignidad humana”.
Los impulsores de la norma sostienen que la ley busca “regular y garantizar el derecho a transitar dignamente el proceso de morir”, mientras que los sectores que se oponen argumentan que “nadie tiene derecho a disponer de la propia vida” y reclaman fortalecer los cuidados paliativos antes que legalizar la eutanasia.
De aprobarse, Uruguay se convertirá en referente regional en materia de derechos al final de la vida, sumándose a países como España, Bélgica, Países Bajos y Canadá, donde la eutanasia ya está regulada por ley.
