A pesar de sus esfuerzos, y de que efectivamente consiguió avanzar en acuerdos con distintos bloques del Congreso, el Gobierno no tendrá su Pacto de Mayo ideal. La posibilidad de un dictamen consensuado de la ley Bases en el Senado será imposible para esta semana y la aspiración del oficialismo ahora es dictaminar este mes para poder convocar una sesión para comienzos de junio. También se postergó la reforma fiscal.
El Gobierno comprendió que no conseguiría aprobar el proyecto tal como llegó de la Cámara de Diputados y ahora incorporó a Victoria Villarruel, quien preside el Senado, a la mesa de negociaciones protagonizadas por Guillermo Francos y José Rolandi.
Las mayores resistencias persisten en un núcleo de diez legisladores que piden modificaciones en los beneficiarios de la ley de Blanqueo, en el impuesto a las Ganancias y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI).
Justificada «por la prolongación de las exposiciones en la plenaria de comisiones», esta semana no se continuará con el debate en torno a la reforma fiscal que pretendía llevar adelante el Gobierno en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta.
Sin embargo, desde la dirigencia libertaria son optimistas de conseguir respaldos del radicalismo y de bancas provinciales para alcanzar la aprobación en general, aunque existe preocupación de que el rechazo a algún artículo estructural provoque que se retire nuevamente la totalidad de la ley Bases.
A los actores del oficialismo se sumó el PRO, que en el mismo día que anunció que Mauricio Macri presidirá su partido emitió un comunicado desde la cuenta de su bloque de diputados: «Acompañamos al gobierno en el ordenamiento del sistema energético y en las reformas impulsadas en la ley de Bases. Por eso creemos que la seguridad jurídica, la previsibilidad y el cumplimiento de los contratos vigentes son fundamentales para el crecimiento de la Nación». El mensaje es sugestivo ante las críticas de algunos senadores del espacio, como Guadalupe Tagliaferri.
