La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado ya se cobró más de 90 vidas en todo el país y continúa creciendo la preocupación. Este martes se confirmaron 20 nuevas víctimas en distintas provincias: 3 en Formosa, 1 en Córdoba, 7 en Santa Fe y 9 en Bahía Blanca. Las autoridades temen que existan más casos que aún no fueron registrados oficialmente.
En paralelo, una fiscalía federal avanza en una investigación judicial que pone bajo la lupa a los laboratorios que produjeron el fentanilo y al accionar de la ANMAT durante los últimos cinco años. Una de las hipótesis más delicadas apunta a un posible desvío de la sustancia para el narcotráfico.
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó una pericia clave en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, donde se analizará una ampolla de fentanilo no contaminado con el fin de rastrear su composición y seguir el circuito de distribución. Si bien se informó que ya no hay circulación de lotes contaminados, la investigación sigue abierta.
Hasta el momento no hay personas procesadas, pero sí 24 imputados, a quienes se les secuestraron elementos de interés durante allanamientos en distintos puntos del país. Entre los imputados se encuentran directivos de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se hallaron cinco kilos de fentanilo a mediados de marzo, tras una inspección del Ministerio de Seguridad.
Una de las principales líneas de investigación apunta a la posibilidad de que parte de la producción haya sido vendida en el mercado negro. Los empresarios aseguran que fueron víctimas de un sabotaje e incluso mencionan al exdiputado provincial Andrés Quinteros, a quien acusan de haber intentado robar ampollas para su comercialización ilegal.
El 13 de marzo, el juez Kreplak recibió la denuncia y al día siguiente ordenó allanamientos en ambos laboratorios. Para entonces, el fentanilo que figuraba en stock había desaparecido. Los responsables de las empresas afirmaron que lo habían desechado por estar vencido, aunque la Justicia busca comprobar si esa versión es verídica o si hubo irregularidades en el destino de la sustancia.
En medio de la investigación, el municipio de San Isidro rechazó la habilitación del laboratorio HLB y la empresa enfrenta una denuncia por falsificación de documentos, informó el portal TN.
