Los centros de estudiantes ya no podrán funcionar dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Federal, a partir de una decisión tomada desde el Ministerio de Seguridad Nacional. La cartera argumentó que la creación de los centros que agrupan a estudiantea presos «no está expresamente reconocida legalmente» y «tergiversa la finalidad de readaptación social«.
Esta decisión se enmarca en la línea de «mano dura» que pretende mostrar el Gobierno y puntualmente el ministerio conducido por Patricia Builrich en relación a sus políticas carcelarias. Hace poco toempo, en diciembre de 2024 a través de la Resolución 1346/2024, el ministerio resolvió que los presos alojados en cárceles federales iban a estar obligados a realizar tareas de mantenimiento de los lugares comunes, sin percibir ninguna remuneración a cambio.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 372/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. Dentro del texto de la normativa, el artículo 1° indicó «no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal».
Según se explicó en el documento oficial, no se habilitará «la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos».
Dentro del texto oficial se detalló que en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPFCABA), en el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y en el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV) «se encuentran organizados grupos de personas privadas de la libertad que invocan la representación de internos estudiantes y se denominan centros de estudiantes».
«La organización de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, a la par de no estar expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad», se argumentó en la normativa de la cartera conducida por Patricia Bullrich.
En el texto de la decisión del Ministerio de Seguridad también se indicó que los miembros de los centros de estudiantes permanecían reunidos fuera del horario en que cada uno debía estar allí, bajo el pretexto de realizar tareas relacionadas a la función.
«La asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social«, se detalló, y colocó como ejemplo las tareas laborales y actividades requeridas para el mantenimiento de los espacios propios y comunes.
En la normativa se remarcó que «el esquema implementado a través de los centros de estudiantes afecta las reglas establecidas por la Ley N°24.660 y fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social», dado que «permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario».
En paralelo, en el texto también se señaló que la permanencia prolongada de los detenidos en los centros de estudiantes, fuera de sus horarios de clases asignados, afectan «el desenvolvimiento de las restantes actividades diarias» y «ocasiona relevantes alteraciones en materia de seguridad».
La respuesta de los presos a la prohibición de centros de estudiantes en las cárceles
Luego de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, decidiera prohibir el funcionamiento de los centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la comisión de alumnos universitarios de Ezeiza, que integra el programa UBA XXII, emitió un comunicado para expresar su repudio a la medida.
La resolución 372/2025, firmada por la ministra y publicada este martes en el Boletín Oficial, argumenta que los estudiantes ocupan sus jornadas en tareas relacionadas con el centro estudiantil y permanecen allí incluso fuera del horario en el que deben cursar las materias. Esto, se afirma en la resolución ministerial, les “impide hacer actividades destinadas a la reinserción social, como trabajar o realizar tareas de mantenimiento de los espacios propios y comunes obligatorios para todos los internos”.
Sin embargo, la organización que agrupa a los alumnos privados de su libertad, sostuvo que los centros de estudiantes en la cárceles cumplen funciones esenciales para la organización de las actividades académicas, a la vez que ayudan a reducir la reincidencia casi en su totalidad.
El comunicado de la Comisión de Estudiantes Universitarios de Ezeiza, CUE, reza: “Manifestamos nuestro absoluto y enérgico repudio al avasallamiento del derecho de representación estudiantil en las cárceles federales”.
La resolución del Gobierno, fechada el 20 de marzo, fue publicada en el Boletín Oficial de este martes, un día después del 49° aniversario del último golpe militar y de que agrupaciones de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales protagonizaran una masiva marcha a Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria.
En ese contexto, los estudiantes detallaron: “Desde el año 1985, el Programa UBAXXII comenzó su funcionamiento en las cárceles federales. Finalizada la última dictadura militar, y surgida la democracia, se inicia un proceso de garantización de los derechos fundamentales a las personas privadas de la libertad; entre esos derechos surge la posibilidad de que las personas privadas de la libertad accedan a la educación en todos sus niveles y a su representación estudiantil a través de Centros de Estudiantes”.
“Dicho programa, y sus Centros de Estudiantes fue replicado por una gran cantidad de universidades en todo el país y se convirtió en un ejemplo a imitar a nivel mundial. Actualmente cuenta con más de 400 egresados en diferentes carreras de grado y tecnicaturas de la UBA, reduciendo la reincidencia en un 98% de todas las personas que pasaron por los diferentes Centros de Estudiantes”.
Se agrega que: “Los Centros de Estudiantes en contexto de encierro funcionan como pilares esenciales de las actividades académicas, son puntos de encuentro, formación y debate académico estudiantil, espacios de organización y formación en defensa de los derechos humanos y respeto de las leyes vigentes, que no permiten arbitrariedades ni excesos de los cuales son víctimas los estudiantes y las personas privadas de la libertad en general”.
Por último, solicitaron a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, al Poder Judicial y a la Procuración Penitenciaria de la Nación que “se pronuncien respecto de lo acontecido, iniciando las medidas correspondientes a fines de que se respeten los derechos constitucionales como así las leyes vigentes”.
Fuente: NA LN
