La jueza de Nueva York Loretta Preska volvió a fallar contra la Argentina y a favor de los fondos buitre, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La magistrada rechazó un pedido de reconsideración presentado por el gobierno argentino y exigió ahora la entrega de un inventario detallado de todos los activos de la República en el exterior, sin importar su naturaleza.
La medida llega luego de que el país planteara que debía diferenciarse entre bienes comerciales y activos estratégicos, como los que se utilizan en Defensa. El argumento oficial fue que los requerimientos de información debían limitarse exclusivamente a los activos potencialmente ejecutables.
Sin embargo, Preska resolvió lo contrario: primero quiere conocer el listado completo de bienes y, recién después, decidir cuáles podrán ser embargados y cuáles quedarán exentos.
Antecedentes y la disputa por YPF
El conflicto se originó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de YPF sin cumplir con lo establecido en el estatuto de la compañía. Ese error derivó en un fallo adverso de Preska que ordenó a la Argentina pagar USD 16.100 millones a los fondos Burford y Eton Park.
En medio de esta pulseada judicial, la jueza ya había ordenado la entrega del 51% de las acciones de YPF. No obstante, la Argentina logró frenar esa disposición en el Segundo Circuito de los tribunales de Manhattan. Pese a ese revés, Preska reaccionó exigiendo nuevas medidas, como la entrega de comunicaciones y chats de ministros de Economía vinculados al juicio.
Más apelaciones en camino
El gobierno argentino mantiene dos apelaciones clave:
- Contra el fallo principal que lo condena a pagar USD 16.100 millones.
- Contra la orden de entregar acciones de YPF por incumplimientos anteriores.
Las presentaciones orales de estas apelaciones se realizarán en los próximos meses, con una audiencia central prevista tras las elecciones legislativas de octubre.
La Procuración del Tesoro informó que la jueza rechazó la moción de reconsideración y que esta decisión se sumó a otra reciente, que también desestimó objeciones argentinas sobre los pedidos de acceso a dispositivos y cuentas personales de funcionarios.
En un comunicado, el organismo subrayó que “la República Argentina sostuvo que los requerimientos cuestionados resultan contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación argentina”. Y agregó que considera las resoluciones “equivocadas”, por lo que está evaluando nuevas vías de impugnación.
El próximo 4 de septiembre habrá una audiencia en Nueva York para dar seguimiento al proceso de discovery.
Mientras tanto, el gobierno reiteró que defenderá con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, utilizando todos los recursos legales disponibles.
