Este lunes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1284/2025 que dispone el inicio formal de la privatización de Corredores Viales SA, empresa estatal que gestiona la red vial nacional. La medida representa un avance clave en la política del Gobierno nacional para la transferencia de sectores estratégicos a operadores privados.
La privatización está enmarcada en la aplicación de la Ley 27.742 y regulada por los decretos 695/2024 y 97/2025. El proceso estará bajo la supervisión del Ministerio de Economía, con la intervención de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria llamada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
La resolución establece como objetivo principal la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes, así como la concesión de los corredores a nuevos operadores privados. Posteriormente, la empresa estatal será disuelta y liquidada, marcando el fin de su gestión directa sobre la red vial.
Entre las tareas que debe cumplir la Secretaría de Transporte se encuentra la elaboración del inventario de bienes que serán restituidos al Ministerio de Economía, y la preparación de toda la documentación necesaria para extinguir los contratos actuales. También debe realizar un relevamiento del estado de los tramos viales y obras de infraestructura, y solicitar la rescisión de contratos considerados no prioritarios.
Privatización de Corredores Viales: el proceso durará un año
El procedimiento de licitación y adjudicación de los nuevos contratos, detallado en la resolución, se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, conforme al decreto 416/2025. La Unidad Ejecutora Especial Temporaria tendrá a su cargo coordinar las acciones necesarias para cumplir con el cronograma establecido.
Entre sus responsabilidades específicas está la solicitud de la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación de la red vial mediante peajes, y la valoración de los bienes de Corredores Viales, tarea que realizará el Tribunal de Tasaciones de la Nación o entidad pública equivalente.
La resolución fija un plazo máximo de doce meses desde su entrada en vigencia para completar la concesión de todos los tramos y proceder a la disolución y liquidación de Corredores Viales SA. Además, se indicó que la Secretaría debe contar para ello con la colaboración técnica y operativa de la propia empresa.
Según datos oficiales a junio de 2025, Corredores Viales SA empleaba a 3.307 trabajadores y cerró el primer semestre con un superávit financiero de 5.200 millones de pesos, sin necesidad de transferencias del Tesoro nacional, lo que refleja su autonomía operativa en ese período.
