El Gobierno de Javier Milei profundizó durante agosto el ajuste sobre el gasto público nacional, con una reducción cercana al 8% interanual en las erogaciones efectivamente pagadas, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El recorte alcanzó principalmente a las transferencias destinadas a provincias y municipios, que disminuyeron 66,39%, en un intento de sostener el superávit fiscal frente a la caída de los recursos.
La medición corresponde a la Administración Pública Nacional, que representa aproximadamente el 90% del Sector Público Nacional. De acuerdo con el informe citado, el gasto devengado —es decir, aquel que fue autorizado aunque todavía no necesariamente pagado— registró una baja de 9,95% en agosto, mientras que los pagos concretados descendieron 7,95% respecto del mismo mes del año anterior.
Entre los principales componentes afectados aparece el envío de recursos a los gobiernos subnacionales. Además de la caída de 66,39% en las transferencias a provincias y municipios durante agosto, el acumulado de los primeros ocho meses del año muestra una reducción de 63,10% en este concepto.
El ajuste también se reflejó en otras partidas. Según el IARAF, los servicios no personales disminuyeron 28,92%, mientras que las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares bajaron 16,65%. Las jubilaciones y pensiones retrocedieron 8,45% en términos interanuales y los gastos en personal tuvieron una reducción del 6,13%.
No todas las partidas registraron recortes. Las transferencias al sector privado vinculadas a subsidios económicos aumentaron 14,51%, mientras que los recursos destinados a universidades nacionales crecieron 9,48% y las transferencias a otras entidades del sector público nacional avanzaron 2,70% durante agosto.
En el acumulado anual, el comportamiento de las jubilaciones requiere una consideración particular: aunque el incremento nominal de la partida fue de apenas 1,03%, representa aproximadamente entre el 45% y el 46% del gasto primario total, por lo que cualquier variación tiene una incidencia importante sobre las cuentas públicas.
El esquema fiscal también tiene una dimensión política. La reducción de los fondos que reciben las provincias se produce mientras el Gobierno nacional necesita negociar con los gobernadores el respaldo parlamentario para avanzar con distintas iniciativas. La disminución de las transferencias discrecionales supera el 60% en lo que va del año, de acuerdo con los datos difundidos.
El Gobierno sostiene que la contención del gasto es necesaria para preservar el superávit fiscal y avanzar en su objetivo de reducir la inflación. En paralelo, el esquema de recortes sobre las transferencias a provincias y municipios incrementa la presión sobre las administraciones locales, que deben afrontar una menor disponibilidad de recursos provenientes de la Nación.
