Oscar Herrera Ahuad volvió a ubicarse en una construcción parlamentaria que atraviesa las fronteras partidarias. El diputado nacional por Misiones acompañó el proyecto para extender hasta diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad y reivindicó la capacidad del Congreso de alcanzar acuerdos cuando están en juego derechos que requieren respuestas del Estado. “Para nosotros es fundamental dar certezas”, afirmó.
En un Congreso atravesado por diferencias políticas y disputas entre oficialismo y oposición, el diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad acompañó una iniciativa que reunió a decenas de legisladores de diferentes bloques detrás de un objetivo común: prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad.
La firma del legislador misionero se incorporó a una propuesta transversal que reúne representantes de Innovación Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Defendamos Córdoba y espacios de izquierda, entre otras expresiones parlamentarias.
Herrera Ahuad planteó que frente a determinadas demandas sociales las diferencias partidarias deben dejar espacio para la construcción de consensos. “Para nosotros es fundamental dar las certezas a una población que justamente necesita tener esa certeza, que es la población con discapacidad”, sostuvo.
Misiones dentro de una construcción federal
El proyecto también encuentra a los representantes de Innovación Federal de Misiones acompañando la iniciativa. Junto a Herrera Ahuad aparecen entre los firmantes Yamila Ruiz y Alberto Arrúa.
La participación misionera se integra así a un entendimiento parlamentario mucho más amplio, con representantes de numerosas provincias y sectores políticos.
Herrera Ahuad destacó precisamente esa característica: “Hemos decidido firmar el dictamen en conjunto de la solicitud con los diferentes bloques”. Y profundizó: “No es solamente el bloque Unión por la Patria; están los bloques federales, Provincias Unidas, estamos nosotros y unos cuantos más”.
Para el exgobernador de Misiones, esa capacidad de coincidencia puede anticipar una nueva etapa dentro de la Cámara de Diputados. “Vemos en esto también un nuevo tiempo de discusión de la política”, afirmó.
Discapacidad por encima de las diferencias partidarias
La iniciativa busca evitar que la emergencia nacional en discapacidad finalice el próximo 31 de diciembre.
La Ley 27.793 había establecido originalmente la emergencia hasta el cierre de 2026 y contempló expresamente la posibilidad de prorrogarla durante un año adicional. El proyecto acompañado por Herrera Ahuad hace uso de esa facultad y propone llevar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con todos sus efectos.
La discusión tiene además un fuerte componente institucional. Los fundamentos repasan el recorrido de la legislación desde 2025: el veto del Poder Ejecutivo, la posterior insistencia del Congreso, las dificultades para su implementación y la judicialización.
La Cámara de Diputados rechazó el veto con 172 votos afirmativos, 73 negativos y dos abstenciones, mientras que el Senado hizo lo propio con 63 votos afirmativos y siete negativos.
Los autores argumentan que esas controversias redujeron significativamente el tiempo de aplicación efectiva de la emergencia y que, por esa razón, extenderla durante 2027 permitiría recuperar parte de ese período.
Una definición política: dar certezas
La posición asumida por Herrera Ahuad coloca el eje menos en la confrontación partidaria y más en la búsqueda de una respuesta concreta desde el Congreso.
Su definición —“dar las certezas”— resume el argumento político con el que decidió incorporarse a la iniciativa: frente a una población particularmente vulnerable, la previsibilidad de las políticas públicas no debería depender de la disputa entre oficialismo y oposición.
Esa perspectiva coincide con uno de los planteos finales del proyecto: la protección de las personas con discapacidad debería constituir un consenso independientemente de la ideología política.
Los fundamentos advierten además que más de 200.000 personas con discapacidad se encuentran a la espera de una pensión y describen dificultades que atraviesan instituciones terapéuticas, educativas y sanitarias.
El documento también incorpora obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por Argentina y sostiene que dejar vencer la emergencia cuando todavía existe un cumplimiento parcial supondría retroceder en el nivel de protección alcanzado.
Del acuerdo por discapacidad al debate del Presupuesto
Herrera Ahuad proyectó esta discusión hacia uno de los debates políticos centrales que tendrá el Congreso: el Presupuesto nacional. “Tenemos que estar muy atentos para el día 15, que dicen que el Presidente en persona hará la presentación”, señaló.
Y agregó: “Veremos qué tiene ese presupuesto de diferente del presupuesto del año anterior y si es un poco más generoso y justo en un país federal”.
La definición incorpora el componente federal que Herrera Ahuad viene sosteniendo en su tarea legislativa: evaluar las decisiones nacionales desde su impacto concreto sobre las provincias y acompañar acuerdos cuando permitan defender intereses sociales que exceden las fronteras partidarias.
Un proyecto con firmas de todo el arco parlamentario
La amplitud política puede observarse en la nómina de legisladores que acompañan la propuesta:
Juan Marino (Buenos Aires); Natalia de la Sota (Córdoba); Gisela Scaglia (Santa Fe); Germán Pedro Martínez (Santa Fe); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Nicolás del Caño (Buenos Aires); Pablo Juliano (Buenos Aires); Yolanda Vega (Salta); María Inés Zigarán (Jujuy); Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires); Yamila Ruiz (Misiones); Nicolás Massot (Buenos Aires); Maximiliano Ferraro (Ciudad de Buenos Aires); Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires); Jorge Fernández (San Luis); Esteban Paulón (Santa Fe); Hugo Yasky (Buenos Aires); Lourdes Arrieta (Mendoza); Cecilia Moreau (Buenos Aires); Alberto Arrúa (Misiones); Paula Penacca (Ciudad de Buenos Aires); Jimena López (Buenos Aires); Carolina Basualdo (Córdoba); Ignacio García Aresca (Córdoba); Jorge Taiana (Buenos Aires); Alejandra Torres (Córdoba); Eduardo Valdés (Ciudad de Buenos Aires); José Núñez (Santa Fe); Guillermo Michel (Entre Ríos); Pablo Farías (Santa Fe); Pablo Todero (Neuquén); Jorge Rizzotti (Jujuy); Juan Carlos Molina (Santa Cruz); Sergio Capozzi (Río Negro); Caren Tepp (Santa Fe); Juan Fernando Brügge (Córdoba); Sabrina Selva (Buenos Aires); Mónica Frade (Buenos Aires); Mariela Coletta (Ciudad de Buenos Aires); Agustina Propato (Buenos Aires); Roxana Monzón (Buenos Aires); Lorena Pokoik (Ciudad de Buenos Aires); Celia Campitelli (Santiago del Estero); Marianela Marclay (Entre Ríos); Hilda Aguirre (La Rioja); Nancy Sand (Corrientes); Pablo Yedlin (Tucumán); Ernesto “Pipi” Alí (San Luis); Christian Zulli (Corrientes); Luis Basterra (Formosa); Ariel Rauschenberger (La Pampa); Cristian Andino (San Juan); Gabriela Pedrali (La Rioja); Jorge Chica (San Juan); Carlos Castagneto (Buenos Aires); Bernardo Biella (Salta); Martín Aveiro (Mendoza); Agustín Rossi (Santa Fe); Romina del Plá (Buenos Aires); Néstor Pitrola (Buenos Aires); Andrea Freites (Tierra del Fuego); Blanca Osuna (Entre Ríos); Claudia Palladino (Catamarca); Jorge Neri Araujo Hernández (Tierra del Fuego); Kelly Olmos (Ciudad de Buenos Aires) y Moira Lanesan Sancho (Santa Cruz).
La diversidad de esa nómina refuerza uno de los mensajes políticos que Herrera Ahuad dejó alrededor de la iniciativa: existen discusiones en las que el Congreso puede construir mayorías más allá de las pertenencias partidarias, especialmente cuando se trata de garantizar continuidad y previsibilidad a sectores que requieren respuestas concretas del Estado.
