Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas reveló que decenas de efectivos con sentencia firme por crímenes durante la última dictadura continúan en situación de retiro. Esta condición les permite mantener beneficios como la obra social y el cobro de haberes, a pesar de los pedidos formales.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) publicó un documento que detectó que al menos 50 militares y policías con condenas firmes por crímenes de lesa humanidad nunca fueron dados de baja de sus respectivas fuerzas. La investigación, que comenzó a fines de 2022, expuso que estas personas figuran como retiradas, una situación que les permite conservar derechos y prerrogativas como el cobro de pensión y el acceso a la obra social.
El organismo inició las averiguaciones a partir de tres casos puntuales, dos en la Policía Federal y uno en Gendarmería, que impulsó la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Tras confirmar que los efectivos estaban en situación de retiro, la PIA amplió el relevamiento y descubrió al menos 78 casos idénticos en todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El informe de la PIA subrayó que la obligación de efectivizar la baja de los condenados “no se agota en el derecho interno, sino que se inscribe en los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos”. El documento consideró que la medida es una parte fundamental de la ejecución de las sentencias.
Además, el texto puntualizó sobre las implicancias legales de esta omisión administrativa. Para la Procuraduría, “la adopción de decisiones administrativas orientadas a disponer la baja definitiva de los agentes condenados constituye una consecuencia necesaria de las sentencias penales firmes y un presupuesto indispensable para su ejecución integral”.
El vínculo institucional que persiste
Una de las claves del informe es la diferencia sustancial entre la condición de retiro y la baja definitiva. El personal retirado mantiene un vínculo institucional y jerárquico con el Estado y su fuerza. Esto no solo les garantiza el acceso a beneficios como jubilaciones y cobertura médica, sino que, según explicaron fuentes vinculadas a la investigación, técnicamente podrían volver a ser convocados al servicio activo.
El relevamiento arrojó cifras concretas sobre la situación en cada institución. En la Prefectura se detectaron 11 agentes que seguían en situación de retiro. En el Ejército Argentino, de 101 efectivos condenados con sentencia firme, 55 permanecían como retirados al 28 de diciembre de 2023. Por su parte, en la Armada Argentina se identificaron 7 casos y en la Fuerza Aérea otros 2.
Pedidos formales y trabas administrativas
A raíz de estos hallazgos, la PIA instó a cada una de las fuerzas a tramitar las bajas correspondientes. Entre octubre y diciembre de 2023, solicitó la desvinculación de cuatro gendarmes, un prefecto y nueve agentes de la Policía Federal. En 2024, cursó pedidos formales al jefe del Ejército por 55 agentes y al jefe de la Armada por otros siete. Finalmente, requirió la baja de dos miembros de la Fuerza Aérea.
Sin embargo, el informe advirtió que a principios de marzo de este año todavía existían “demoras sustanciales y obstáculos administrativos, inexplicables, que mantienen numerosos trámites inconclusos y dificultan la ejecución plena y oportuna de las sentencias condenatorias firmes”. Debido a estas dilaciones, al menos 50 de los exagentes detectados siguen en la misma situación irregular.
El documento concluyó con una dura advertencia sobre la gravedad del problema. La PIA sostuvo que “esta situación resulta incompatible con las obligaciones jurídicas y éticas asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos y evidencia la existencia de un problema estructural en la efectiva desvinculación institucional de personas condenadas por los crímenes más graves juzgados desde el restablecimiento del orden democrático en 1983”.
