Durante 2025, la Secretaría de Acceso a la Justicia de Misiones intervino en aproximadamente 2.200 casos en todo el territorio provincial, de los cuales más de la mitad derivaron en la apertura de expedientes judiciales. Preocupa que el 41% fueron pedidos de ayuda por hechos de violencia familiar y otro 27% estuvo vinculado a causas penales, principalmente delitos contra la integridad sexual, lesiones graves y amenazas.
Fabián Oudin, responsable de la oficina, remarcó además que una parte significativa de las intervenciones estuvieron vinculadas a delitos que afectaron directamente a niños, niñas y adolescentes.
El balance se da en un contexto de transformación institucional profunda. Ocurre que desde el 1 de enero de este año, la Secretaría pasó a depender exclusivamente del Ministerio Público Fiscal, tras la entrada en vigencia de una ley que otorgó autonomía funcional y autarquía al organismo.
“Como ocurre en la mayor parte del país, el Ministerio Público es un órgano independiente y autónomo, y nosotros nos trasladamos con él”, explicó Oudin a El Territorio.
Según detalló, de los 2.200 casos atendidos a lo largo del año pasado, 1.205 ameritaron el inicio de actuaciones judiciales. Otro 5% fueron requerimientos del Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreyro ante sospechas del personal médico de posibles situaciones de abuso o violencia hacia menores que allí se atienden o internan.
Misiones
El mapa provincial muestra más casos de abuso y consumo problemático en el norte
Intervenciones judiciales en Misiones: 15% por delitos sexuales contra NNyA
La Secretaría de Acceso a la Justicia, que desde enero funciona dentro del Ministerio Público, tuvo además un crecimiento sostenido de llamadas a la Línea Contame.
sábado 17 de enero de 2026 | 5:00hs.
Por Mariangeles Robles
“Gran porcentaje de niños se comunican con la Línea Contame”. Foto: Archivo
“Gran porcentaje de niños se comunican con la Línea Contame”. Foto: Archivo
Durante 2025, la Secretaría de Acceso a la Justicia de Misiones intervino en aproximadamente 2.200 casos en todo el territorio provincial, de los cuales más de la mitad derivaron en la apertura de expedientes judiciales. Preocupa que el 41% fueron pedidos de ayuda por hechos de violencia familiar y otro 27% estuvo vinculado a causas penales, principalmente delitos contra la integridad sexual, lesiones graves y amenazas.
Fabián Oudin, responsable de la oficina, remarcó además que una parte significativa de las intervenciones estuvieron vinculadas a delitos que afectaron directamente a niños, niñas y adolescentes.
El balance se da en un contexto de transformación institucional profunda. Ocurre que desde el 1 de enero de este año, la Secretaría pasó a depender exclusivamente del Ministerio Público Fiscal, tras la entrada en vigencia de una ley que otorgó autonomía funcional y autarquía al organismo.
“Como ocurre en la mayor parte del país, el Ministerio Público es un órgano independiente y autónomo, y nosotros nos trasladamos con él”, explicó Oudin a El Territorio.
Según detalló, de los 2.200 casos atendidos a lo largo del año pasado, 1.205 ameritaron el inicio de actuaciones judiciales. Otro 5% fueron requerimientos del Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreyro ante sospechas del personal médico de posibles situaciones de abuso o violencia hacia menores que allí se atienden o internan.
Delitos que afectan a menores
En ese universo, la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes tuvo un peso significativo.
Las intervenciones sobre menores representaron alrededor del 15% del total y en su gran mayoría estuvieron relacionadas con delitos contra la integridad sexual.
“Lamentablemente, este mayor número de menores siempre es casi en su totalidad por delitos contra la integridad sexual”, subrayó el funcionario.
El trabajo hecho también permitió trazar un perfil de las personas que acuden a la Secretaría, lo que grafica, al menos en parte, cuáles son los sectores más vulnerables. El 60% de las intervenciones fueron a mujeres adultas, mientras que entre el 24 y el 25%, a varones adultos. “Esto nos sirve para orientar políticas públicas y reforzar áreas específicas de intervención”, indicó Oudin.
El trabajo sumó hace año y medio otra vía para acceder a la Justicia y denunciar agresiones. La Línea Contame (376-5490888), destinada a la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, recibió más de 220 comunicaciones, lo que representó un incremento del 63% respecto de 2024 (año en que se puso en marcha el contacto).
“La demanda creció de manera notable y refleja no sólo el alcance de la línea, sino también que la comunidad la conoce y la utiliza”, valoró Oudin. Del total de comunicaciones recibidas por este número de WhatsApp, el 50% derivó en el inicio de actuaciones penales o civiles y, por consecuencia, la intervención de fiscalías y defensores oficiales para la adopción de medidas de protección de los menores.
Sumó que “de hecho un gran porcentaje de niños se comunican con nosotros y ponen en conocimiento situaciones de violencia. Pero no solamente sexual, sino también situaciones de violencia familiar que están atravesando estos niños y que acuden a esta línea solicitando asistencia y obviamente protección”.
El fin siempre es resguardar a las víctimas y no exponerlas. “Muchos de los agresores están dentro del núcleo familiar, por lo que se trabaja en otorgar guardas a abuelos u otros adultos responsables”, explicó.
El seguimiento, observó, también es importante: no sólo habla de protocolo y acompañamiento, sino de hacer saber a ese denunciante que su causa no fue olvidada.
“Las víctimas necesitan saber. Yo principalmente trato de tener contacto en aquellos casos que son gravemente ultrajantes hacia las personas, por distintos tipos de delitos y principalmente contra la integridad sexual, donde las víctimas nos piden conocer qué pasa con el agresor: ¿sigue detenido, va a quedar detenido, va a recibir una condena?”.
Oudin recalcó que esa asistencia, a lo largo del curso judicial, está garantizada. “La hacemos con nuestros profesionales, abogados y psicólogos que acompañan a la víctima a la Fiscalía o al Juzgado de Instrucción para que conozcan el estado de la causa y la situación procesal del agresor”.
Mapa que preocupa
El despliegue territorial es otro eje central del trabajo. La Secretaría cuenta con sedes en Posadas, Puerto Rico y Eldorado, aunque los equipos se trasladan de manera permanente a distintos puntos de la provincia. Actualmente, contó que los esfuerzos están puestos en cubrir la zona de la Quinta Jurisdicción -que comprende San Vicente, San Pedro y alrededores- con una oficina de Acceso a la Justicia.
“Tenemos un mapa de las situaciones que abordamos. En la zona Norte predominan los delitos contra la integridad sexual y problemáticas vinculadas a adicciones; en la zona Centro, la violencia familiar y de género; y en el Sur, la delincuencia juvenil y también mucho de violencia familiar”, precisó Oudin.
Sólo en el área que comprende o atiende hechos de violencia familiar, durante 2025 se atendió a 324 personas. De ellas, 182 fueron derivadas directamente a juzgados especializados, donde se dictaron medidas como prohibiciones de acercamiento o exclusión del hogar del agresor.
El desafío: dar respuesta
Oudin no se mostró ajeno a los reclamos frecuentes que apuntan a la lentitud en la respuesta judicial. Y en esa línea, reconoció que, de cara al 2026, el principal desafío será profundizar y agilizar ese contacto con la ciudadanía.
“Ese es el mayor reclamo que recibimos, en cuanto a los tiempos de la Justicia. Y cuando la Justicia no llega a tiempo, muchas veces no es una Justicia funcional. Entonces, lo que tenemos que hacer, y que es un lineamiento del procurador general Carlos Giménez, es llegar a las personas. Que el Ministerio Público se acerque a las personas y no sólo mejorar esta información o dar una respuesta inmediata, sino que esa información sea clara”, amplió.
En ese sentido, destacó la importancia de reforzar el trabajo en territorio y agilizar procesos. “Nuestro desafío es llegar aún más a las personas más vulnerables, especialmente a quienes están alejadas de los centros urbanos, y brindar respuestas claras, rápidas y precisas”, sostuvo.
