La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el fiscal Diego Luciani solicitará a la Justicia que los condenados devuelvan al Estado los fondos públicos que se estima fueron defraudados, por un monto de 85 mil millones de pesos.
Según adelantaron fuentes judiciales al portal TN, si en un plazo de diez días hábiles no se cumple con la devolución voluntaria, se activará la ejecución patrimonial de los principales imputados: Cristina Kirchner, Lázaro Báez y sus respectivos entornos familiares.
En el caso de la expresidenta, entre los bienes alcanzados figuran al menos 27 inmuebles, cinco cocheras en el lujoso edificio Madero Center y dos empresas familiares: Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., sociedades que administraban hoteles y propiedades, y que fueron eje de otras investigaciones por presunto lavado de dinero. También se encuentran embargados más de 4,6 millones de dólares a nombre de Florencia Kirchner y un millón adicional en cuentas bancarias.
Por su parte, el empresario Lázaro Báez enfrenta la posible ejecución de unas 60 propiedades, principalmente localizadas en el sur del país, muchas de ellas adquiridas durante los años en que fue el mayor contratista de obra pública en Santa Cruz.
La causa Vialidad estableció que la mitad de las obras adjudicadas a Báez fueron abandonadas, con un grado de avance que no superó el 36%, pese a que se cobraron los contratos en su totalidad. El fallo de la Corte dejó firme no solo la responsabilidad penal de los implicados, sino también su obligación de resarcir al Estado.
El embargo también podría alcanzar a los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, quienes habrían recibido parte de los bienes bajo sucesivas transferencias patrimoniales.
Este intento de recuperación de activos llega luego de años de inacción judicial y administrativa durante la gestión de Alberto Fernández. Ahora, bajo la presión del fallo definitivo de la Corte y un nuevo clima político, la Justicia busca avanzar con la subasta de propiedades y el recupero de fondos públicos.
