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Las autoridades provinciales siguen apostando a la criminalización de la protesta

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En las últimas horas la trabajadora del Hospital Samic e integrante de la Comisión Directiva de ATE Eldorado Marisa Dering fue notificada de una medida judicial de restricción de acercamiento al domicilio de la Dra. Carolina Selva, actual directora del mencionado Hospital.
La medida incluye la prohibición de acercamiento a los lugares donde Selva se encuentre, así como toda forma de comunicación con ella de parte de Marisa Dering, quien no podría de este modo concurrir a su lugar de trabajo ni ejercer acciones propias de la representación sindical.
La prohibición fue dictada por el Juzgado de Instrucción Nro. 1, Secretaria Nro. 1 de Eldorado en el marco de una nueva causa judicial contra la referente sindical de ATE CTA A por «Turbación de la posesión y amenazas simples».
La criminalización y judicialización es la última respuesta por parte de las autoridades sanitarias a los reclamos de sus trabajadores, cuya demanda principal en Eldorado es la reincorporación de dos trabajadores del Samic que fueron despedidos sin causa en enero de este año. A pesar de los compromisos asumidos, los trabajadores no han sido reincorporados hasta la fecha.
Para agravar la situación y confirmar la política persecutoria y antisindical de las autoridades provinciales, el Ministerio de Trabajo de la provincia declaró ilegal el paro de actividades en el sector salud convocado por ATE Eldorado, y multó a la seccional con una suma varias veces millonaria.
Si bien en todas las medidas de fuerza de los trabajadores de salud se han garantizado los servicios mínimos indispensables, entre los argumentos de la declaración de ilegalidad del paro el Ministerio de Trabajo utiliza la declaración de esencialidad de la salud como servicio público, norma ilegal e inconstitucional dictada por la gestión nacional en 2024 que limita el derecho a huelga.
Desde la CTA A Misiones se expresa  nuestro repudio y preocupación ante el rumbo que eligen las autoridades provinciales ante los justos reclamos de los trabajadores y su ejercicio del derecho a la protesta, ante los cuales la respuesta es el disciplinamiento a través de las herramientas judiciales.
Se continuará  exigiendo la reincorporación de los trabajadores de salud despedidos, así como se exige  la atención a las demandas de urgente recomposición salarial y fin de la precarización laboral en el Estado.
La protesta social y la huelga son las herramientas de los trabajadores para conquistar, mantener y recuperar derechos, por lo que se defenderá su ejercicio y rechazamos todo intento de coerción y disciplinamiento.
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Fuente : CTA