Misiones registra 1.026 pensiones no contributivas suspendidas, según confirmó Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, quien advirtió sobre las dificultades que deberán afrontar los titulares para solicitar la rehabilitación de sus beneficios.
La información se conoció luego de la publicación de la Resolución 3695/2026, que difundió un listado de aproximadamente 21.000 personas de todo el país con sus pensiones suspendidas. En diálogo con el programa La Última Rosca, emitido por Radio Up, Antúnez explicó que, a partir de esa resolución, comenzaron a revisar los listados y accedieron a los datos correspondientes a Misiones a través de Senadis.
Las personas alcanzadas por la medida deberán iniciar un trámite administrativo para solicitar la rehabilitación de sus pensiones y presentar documentación que respalde su condición de salud. Entre los requisitos figuran el DNI, los estudios médicos actualizados y el Certificado Médico Oficial (CMO).
Sobre este punto, Antúnez explicó que existen dificultades para reunir la documentación, especialmente entre quienes obtuvieron sus certificados hace muchos años o realizaron el trámite en formato digital y ya no conservan los respaldos: «Lo más importante es que se pueda identificar la condición de salud, si esa condición de salud por la cual se otorga la pensión permanece y por eso hoy están pidiendo los estudios actualizados», señaló.
Cuestionamientos a las auditorías y falta de garantías
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad cuestionó el proceso de auditorías realizado durante el año pasado y sostuvo que estuvo atravesado por irregularidades. Según planteó, en algunos casos las personas encargadas de realizar los controles no contaban con formación profesional ni eran especialistas para evaluar las situaciones de salud de los beneficiarios.
También señaló que los procedimientos no contemplaron adecuadamente la accesibilidad ni garantizaron el derecho a defensa de los titulares de las pensiones: «Necesitamos hoy que hayan auditorías reales, con profesionales que estén capacitados para poder hacer esa auditoría y que se garanticen, primero, la accesibilidad, si estamos hablando de personas con discapacidad», expresó.
En ese sentido, recordó que muchas personas intentaron presentar la documentación solicitada por correo electrónico, pero se encontraron con mensajes rechazados o con la ausencia de respuestas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. También hubo casos en los que se enviaron los papeles en formato físico sin obtener confirmaciones concretas.
Para Antúnez, desconocer esas dificultades implica volver a exponer a los beneficiarios a un procedimiento que ya habían atravesado. «No reconocer que esas falencias existieron en las auditorías afecta directamente el derecho a defensa de las personas que hoy otra vez tienen que volver a atravesar todo este mismo proceso», sostuvo.
Plazos contradictorios y dificultades para conseguir turnos médicos
Otro de los puntos que genera preocupación es el tiempo disponible para completar el trámite. Antúnez explicó que el plazo establecido en el Boletín Oficial es de 60 días desde la notificación, aunque advirtió que en otras provincias comenzaron a llegar cartas documento que establecen un período de 30 días.
Además, indicó que en Misiones muchas personas todavía no recibieron una notificación formal y se están enterando de la suspensión a través de los listados que difundió el Gobierno nacional: «Debería haber una carta de documento donde se les notifique específicamente qué documentación tienen que presentar, pero hasta el momento no ha llegado», afirmó.
La dirigente consideró que los tiempos establecidos resultan insuficientes, teniendo en cuenta las demoras del sistema de salud. Conseguir un turno con un especialista puede llevar un mes y completar los estudios médicos requeridos puede demandar otros dos o tres meses.
Advierten sobre la pérdida de otros beneficios
Antúnez también alertó sobre las consecuencias económicas de las suspensiones. Explicó que la interrupción de una pensión puede afectar otros derechos y prestaciones que perciben los titulares, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Asimismo, cuestionó que las auditorías coloquen bajo sospecha a toda la población beneficiaria sin contemplar las distintas situaciones comprendidas dentro de las pensiones no contributivas: «Te suspendo la pensión y después te pregunto a ver si de verdad tenés la condición o no», cuestionó.
Finalmente, aclaró que desde el Consejo Federal no rechazan la realización de auditorías, sino que reclaman procedimientos que permitan detectar beneficios otorgados de manera irregular sin perjudicar a quienes efectivamente tienen derecho a percibirlos: «Lo que a nosotros nos interesa, obviamente, es que sí existan auditorías, porque la plata que va hacia un lugar al que no corresponde se lo estamos quitando a las personas con discapacidad, pero estas auditorías tienen que darle garantías a la gente de que pueda tener el tiempo debido para presentar la documentación y justificar su situación», concluyó.
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