Perú. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su rechazo ante la reciente promulgación de la ley de amnistía en Perú, que otorga inmunidad a militares y policías implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado (1980-2000). El funcionario calificó la ley como un grave retroceso en la búsqueda de justicia y advirtió que violaría las normativas internacionales, mostró su profunda consternación por la promulgación de la nueva ley de amnistía en Perú, una medida que exime de delitos a militares y policías procesados por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que afectó al país entre 1980 y 2000. Turk calificó esta decisión de un retroceso en los avances alcanzados en la búsqueda de justicia y en el proceso de reconciliación nacional.
En declaraciones citadas por el medio RFI, el funcionario de la ONU expresó: “Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad”. Para el alto comisionado, esta ley no solo viola el derecho internacional, sino que también desprotege a las víctimas de un pasado oscuro lleno de violencia y abusos.
Volker Turk señaló que este retroceso en la búsqueda de justicia y la reconciliación en Perú debe ser revertido de inmediato. Para el funcionario, la promulgación de esta ley pone en riesgo los avances en materia de derechos humanos que el país había logrado, particularmente en lo que respecta a la rendición de cuentas de aquellos responsables de violaciones masivas de derechos humanos durante el conflicto armado.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su rechazo ante la reciente promulgación de la ley de amnistía en Perú, que otorga inmunidad a militares y policías implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado (1980-2000). El funcionario calificó la ley como un grave retroceso en la búsqueda de justicia y advirtió que violaría las normativas internacionales. de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Durante la ceremonia de promulgación, Boluarte defendió la decisión argumentando que, con esta medida, su gobierno reconocía el sacrificio de las Fuerzas Armadas, la policía y los comités de autodefensa civiles en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia en el país.
El conflicto armado en Perú, que enfrentó a las fuerzas del Estado contra los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó un saldo de aproximadamente 70.000 muertos, en su mayoría civiles, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El conflicto también generó desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos.
En su comunicado, Volker Turk recordó que, de acuerdo con el derecho internacional, a cuyo cumplimiento está obligado Perú, las amnistías y la prescripción de delitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos y derecho internacional humanitario están prohibidas. “El derecho internacional prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, subrayó el alto comisionado.
Amnistía en Perú beneficiaría a más de 150 agentes de las Fuerzas Armadas
Este nuevo marco legal podría beneficiar a 156 casos con sentencia definitiva y a más de 600 procedimientos judiciales en curso relacionados con delitos cometidos durante la época del conflicto armado. A pesar de las preocupaciones expresadas por diversos expertos y organizaciones internacionales, la ley avanza sin señales claras de modificación, lo que ha generado un ambiente de creciente tensión política y social dentro de Perú.
La polémica ley de amnistía reavivió las divisiones dentro de la sociedad peruana, donde sectores vinculados a las víctimas del conflicto y a los defensores de los derechos humanos critican abiertamente la impunidad que se derivaría de su aplicación. Por otro lado, sectores conservadores justifican la medida al considerarla una reconocimiento al esfuerzo de las fuerzas del orden durante una de las etapas más oscuras de la historia del país.
Para las organizaciones de derechos humanos, el retroceso que representa esta ley es evidente, ya que socava la posibilidad de obtener verdad y justicia para las víctimas y sus familias. Así, la promulgación de esta norma podría ser vista como un desafío a las normativas internacionales que velan por la protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado.
