A dos años de iniciado el gobierno de Javier Milei, la Argentina no solo atraviesa una crisis económica y social de enorme profundidad. Vive, además, una tensión institucional que ya no puede disimularse ni relativizarse: la decisión deliberada del Poder Ejecutivo de intentar gobernar el país prescindiendo de la principal fuerza opositora y de la representación política de millones de argentinos, excluyéndola del diálogo y deslegitimándola como actor democrático.
La pregunta es directa, incómoda y necesaria: ¿puede gobernarse la Argentina ignorando a una parte sustantiva de su representación política y social? La respuesta es evidente: la exclusión deteriora la convivencia democrática y debilita la gobernabilidad
