En medio de un creciente conflicto institucional en Puerto Esperanza, el intendente Horacio Zarza r ofreció su versión sobre la disputa con el Honorable Concejo Deliberante (HCD), en un contexto atravesado por denuncias cruzadas, dificultades económicas y cuestionamientos sobre la administración de recursos públicos.
Lejos de reconocer una ruptura, el jefe comunal insistió en que la relación con el cuerpo legislativo se mantiene dentro de los canales formales. “Para nosotros es una relación normal, institucional”, sostuvo, al tiempo que detalló su presencia reciente en el recinto durante la asunción de una concejal suplente por la licencia de Fabiana Wagnick.
Sin embargo, detrás de ese tono diplomático, Zarza desplegó una serie de críticas que evidencian un escenario de fuerte tensión política.
Caída de ingresos y ajuste en el municipio
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la crisis económica que impacta en las finanzas municipales. Según explicó, la comuna enfrenta una caída en la recaudación tanto a nivel local como en la coparticipación provincial.
“El último mes recibimos más de un 13,5% menos”, precisó, al describir un panorama que obliga a redefinir prioridades y ajustar el gasto público. En ese sentido, comparó la situación del municipio con la de las familias y empresas que también atraviesan dificultades para sostener sus compromisos.
Zarza remarcó que el Ejecutivo debe responder diariamente a demandas urgentes de la población, que van desde asistencia social, medicamentos, traslados funerarios, mantenimiento de caminos e iluminación, hasta el sostenimiento de servicios esenciales.
“La recaudación no acompaña y nosotros somos los que ejecutamos el presupuesto, los que tenemos que dar respuestas concretas”, enfatizó.
Cuestionamientos al manejo de recursos del Concejo
El intendente fue más allá al plantear objeciones sobre el uso de fondos dentro del Concejo Deliberante, señalando gastos que consideró innecesarios en el actual contexto.
Entre los ejemplos, mencionó compras de bebidas alcohólicas y consumos elevados en un comercio local. Según su relato, mientras el Ejecutivo mantenía una deuda de alrededor de 1,4 millones de pesos en concepto de asistencia alimentaria, el Concejo habría acumulado compromisos cercanos a los 8 millones, lo que derivó en el cierre de la cuenta por parte del proveedor.
“El que tiene que firmar y responder soy yo. Y después tengo que salir a buscar los recursos”, afirmó, marcando una diferencia entre la responsabilidad administrativa del Ejecutivo y las decisiones de gasto del Legislativo.
Además, aseguró que el municipio ya saldó esas deudas, pero insistió en la necesidad de establecer un sistema de compras más ordenado y previsible, basado en presupuestos y control de precios.
Denuncias, comisión investigadora y clima político
El conflicto escaló en las últimas horas luego de que el presidente del Concejo, Ezequiel Jiménez, anticipara la posibilidad de denuncias penales y la conformación de una comisión investigadora contra el intendente.
Consultado al respecto, Zarza minimizó el impacto político de estas iniciativas y sostuvo que su gestión no incurrió en irregularidades. A su vez, sugirió que detrás de los cuestionamientos podrían existir intereses políticos vinculados a gestiones anteriores.
“Queremos que no se malgaste el dinero haciendo política”, expresó, en alusión a una supuesta interna que, según indicó, respondería a sectores alineados con el exintendente.
Servicios esenciales y decisiones de gestión
En su defensa, el jefe comunal puso como ejemplo el sistema de transporte urbano municipal, implementado tras el fracaso de licitaciones previas. Según explicó, las condiciones exigidas por el Concejo hacían inviable la participación de empresas privadas.
Frente a ese escenario, el municipio decidió adquirir unidades propias y asumir la prestación del servicio, que hoy traslada a más de 1.600 estudiantes diarios y trabajadores de distintas zonas.
Zarza destacó que el sistema fue digitalizado mediante una aplicación móvil, permitiendo a los usuarios seguir en tiempo real los recorridos, y subrayó que el servicio se mantuvo activo incluso durante medidas de fuerza en el transporte a nivel provincial.
También mencionó el funcionamiento de la ambulancia municipal, que recorre más de 8.000 kilómetros mensuales, como otro ejemplo de la presión sobre las arcas públicas.
La percepción social y el impacto de la crisis
Más allá de la disputa institucional, el intendente hizo hincapié en el deterioro de la situación social y económica en Puerto Esperanza. Relató que recibe diariamente pedidos de trabajo, asistencia alimentaria y ayuda para cubrir necesidades básicas.
“A la gente le está costando mucho llegar a fin de mes”, afirmó, al tiempo que advirtió que incluso empresarios locales evalúan reducir personal si no mejora el nivel de ventas en los próximos meses.
En ese contexto, consideró que la dirigencia política debe enfocarse en administrar con responsabilidad y priorizar recursos, evitando confrontaciones que agraven la incertidumbre.
Zarza niega ruptura y llama al diálogo
Pese al tono crítico, Zarza buscó cerrar la entrevista con un mensaje conciliador. Negó que exista una “pelea” con el Concejo y aseguró que mantiene su disposición al diálogo con todos los concejales, independientemente de su alineamiento político.
“Tenemos que trabajar juntos para afrontar esta situación compleja”, concluyó.
Claves del conflicto en Puerto Esperanza
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante expone una combinación de factores: restricciones económicas, اختلافes en la administración de recursos, tensiones políticas internas y visiones contrapuestas sobre la gestión pública.
Mientras avanzan las posibles acciones institucionales en el ámbito legislativo, el caso abre interrogantes sobre la gobernabilidad local y el impacto de la crisis económica en los municipios del interior.
Fuente: Radio Up
