Las principales exportadoras de granos y subproductos fueron las grandes favorecidas por el decreto del Gobierno nacional que suspendió de manera transitoria las retenciones al campo. En apenas 48 horas agotaron el límite establecido y concentraron la totalidad del beneficio, con un impacto fiscal estimado en 1.500 millones de dólares.
El Decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, abrió una ventana breve pero millonaria: el Gobierno nacional eliminó hasta el 31 de octubre las retenciones a granos y subproductos, o hasta alcanzar los 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). El efecto fue inmediato: en apenas 48 horas, las principales cerealeras coparon el cupo y obtuvieron una ganancia extraordinaria estimada en 1.500 millones de dólares. La medida, impulsada por el equipo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, buscaba acelerar el ingreso de divisas tras jornadas históricas de liquidación, pero terminó provocando un costo fiscal millonario.
Las grandes exportadoras aprovecharon la ventana del decreto para declarar embarques de granos que ya tenían en stock, adquiridos a productores con retenciones descontadas, y venderlos al exterior sin pagar un solo peso de derechos de exportación. Ni el Estado ni los productores vieron un centavo de esa diferencia, que quedó íntegramente en manos de un puñado de compañías.
Entre los principales beneficiarios estuvieron las multinacionales que dominan el comercio mundial: Bunge, hoy integrada a un conglomerado con sede en St. Louis, Estados Unidos, fue la que más volumen concentró, duplicando a sus competidores. Le siguieron Louis Dreyfus Company (LDC), la histórica firma francesa de la familia Louis-Dreyfus, y la china COFCO, que aseguró posiciones claves en soja y maíz.
Se beneficiaron también Cargill, controlada por la familia estadounidense Cargill-MacMillan; ADM (Archer Daniels Midland), otra gigante norteamericana; la argentina Aceitera General Deheza (AGD), de la familia Urquía; y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
En conjunto, estas empresas, que concentran más del 70% del comercio agroexportador del país, fueron las primeras en inscribirse para asegurarse las condiciones más favorables.
La maniobra dejó un saldo contundente: el Estado resignó ingresos por 1.500 millones de dólares, mientras que los productores quedaron al margen de la renta generada por sus propios granos.
Fuente: Misiones Online
