La Justicia declaró la quiebra de la cooperativa SanCor, apenas una semana después de que la propia láctea lo solicitara en medio del proceso concursal, alegando que no se encuentra “en condiciones de afrontar el pasivo concursal verificado ni el plan propuesto en el Procedimiento de Crisis”.
“La situación descripta permite concluir que la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada”, establece el fallo.
“La imposibilidad de atender el pasivo posconcursal no solo evidencia la falta de liquidez inmediata, sino que constituye un indicador objetivo de inviabilidad estructural, en tanto revela que la empresa no genera recursos suficientes ni siquiera para sostener su operatoria ordinaria”, agrega.
La compañía, que tenía más de 400 pedidos de quiebra, estaba concursada desde febrero de 2025. El proceso se tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Santa Fe, donde la compañía había intentado reordenar sus pasivos sin éxito.
Según la sentencia judicial, al 31 de enero de 2026, la láctea contaba con 914 trabajadores en relación de dependencia y acumulaba una deuda posconcursal impositiva y previsional superior a los $ 6349 millones -que crece a un ritmo cercano a los $3000 millones mensuales-, a lo que se suman deudas laborales por $ 12.788 millones en salarios adeudados desde mayo del año pasado, con atrasos de al menos cinco meses.
Otros $ 3380 millones corresponden a aportes a obras sociales, ART y entidades sindicales, mientras que la deuda comercial supera los $13.313 millones, principalmente por compra de materia prima y energía. En tanto, el pasivo del concurso suma deudas por más de u$s 86 millones.
Actualmente, la empresa opera con seis plantas industriales de las 14 que supo tener. Hoy, la planta de Sunchales (Santa Fe) -la de mayor capacidad instalada- funciona a niveles de utilización inferiores al 10% en sus líneas de leche. A su vez, la planta de San Guillermo (Santa Fe) se encuentra paralizada desde diciembre de 2025, y las restantes plantas operan muy por debajo de su capacidad instalada, a excepción de Devoto y La Carlota (Córdoba), que “lo hacen en el contexto de una estructura de costos laborales y fiscales que las vuelve igualmente deficitarias en términos del balance global de la empresa”, dice el fallo.
Sin embargo, la quiebra no implica el cierre inmediato de la láctea. La Justicia dispuso la continuación de la explotación de los establecimientos que continúan productivos y los que tienen contratos vigentes -principalmente a fasón- hasta que se concrete la venta, en tanto permiten mantener activa la estructura productiva y evitar que pierda valor.
“La interrupción abrupta de la actividad causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos pronto pagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general, quienes se verían privados del valor de empresa en marcha”, señala.
Durante 2025 la cooperativa pasó de ser una procesadora de leche propia, a procesadora casi exclusivamente de leche de terceros, para finalmente quedar procesando casi exclusivamente leche propia en mínimas cantidades. La firma, que llegó a procesar más de 4 millones de litros de leche diarios en sus tiempos de mayor expansión, hoy procesa menos de 500.000 litros.
Ahora, según establece la ley, se analizará la venta de las unidades productivas de SanCor y sus activos, mediante licitación pública o privada.
Una crisis que se fue profundizando
SanCor atravesó una profunda crisis en 2017, tras lo que la cooperativa inició un proceso de reestructuración. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas, para estabilizar su situación.
De hecho, la cooperativa marcó como punto de inflexión la caída del fideicomiso financiero público-privado que en 2021 sonaba fuerte e incluía la participación de reconocidos empresarios argentinos para impulsar su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la láctea.
En esa oportunidad, con una inyección de u$s 60 millones, Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond; y José Urtubey, hermano del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y exaccionista de Celulosa Argentina, pretendían hacerse cargo de la administración de SanCor, con el apoyo del Gobierno y Atilra, el sindicato lácteo, pero finalmente dieron un paso al costado.
Así, en 2019, los problemas de la láctea se profundizaron y SanCor empezó a procesar menos materia prima, enfrentó una fuerte caída de ventas y un deterioro financiero que se profundizó año tras año. Entró en un ciclo de retracción productiva que la obligó a desarmar parte de su estructura.
A esto se le sumó que, a fines del año pasado, la Justicia ordenó una intervención parcial por incumplimientos clave. La decisión, adoptada por el juez civil y comercial Marcelo Germán Gelcich, buscó reforzar los mecanismos de control sobre la gestión de la empresa ante reiterados incumplimientos laborales, previsionales y contables.
En aquel entonces, la empresa no había entregado documentación vinculada al funcionamiento de sus plantas, contratos con terceros, niveles de producción ni al destino de los fondos que percibe, incumpliendo el deber de colaboración establecido en la Ley de Concursos y Quiebras.
El Cronista
